Era difícil imaginar hace apenas un par de décadas la velocidad de crucero que alcanzaría España hacia su más absoluto desvanecimiento como democracia avanzada. Para aquellos que hemos tenido la suerte -o la desgracia- de estar en la Facultad de Derecho, este proceso de descomposición jurídica nos demuestra que todo lo que nos han enseñado se construye sobre las arenas movedizas del interés de una clase política abiertamente enemiga de nuestro proyecto nacional.
El resultado de las últimas elecciones generales, lejos de liberarnos de la pesada condena del sanchismo, ha terminado por hundir aún más a nuestro país en el hoyo del extremismo secesionista. Con un PSOE felizmente entregado a los verdugos de nuestro orden constitucional, la amenaza de la aprobación de una amnistía a los golpistas del procés es hoy una realidad más que evidente. Y lo es porque la poca dignidad política entre las filas socialistas y de la extrema izquierda ha sido fagocitada por un personaje oscuro dispuesto a hipotecar nuestro futuro por permanecer unos meses más en Moncloa. El resultado de las últimas elecciones generales, lejos de liberarnos de la pesada condena del sanchismo, ha terminado por hundir aún más a nuestro país en el hoyo del extremismo secesionista. Con un PSOE felizmente entregado a los verdugos de nuestro orden constitucional, la amenaza de la aprobación de una amnistía a los golpistas del procés es hoy una realidad más que evidente. Y lo es porque la poca dignidad política entre las filas socialistas y de la extrema izquierda ha sido fagocitada por un personaje oscuro dispuesto a hipotecar nuestro futuro por permanecer unos meses más en Moncloa.
La amnistía es un recurso jurídico de gracia que hace desaparecer el delito en el caso de aplicación y se concede, como medida extraordinaria, tras situaciones de especial relevancia como una dictadura o una guerra civil. La aprobación de la ley de amnistía en 1977 fue uno de los pasos fundamentales en el proceso de transición hacia un modelo democrático; el reconocimiento de dejar atrás un sistema dictatorial, para abrazar uno fundamentado en la separación de poderes y el Estado de Derecho. La aprobación de la amnistía para los implicados en el procés no abre solo un debate jurídico sobre su posibilidad, sino que amenaza nuestra propia consideración como democracia avanzada. Esta indignidad supondría el reconocimiento absoluto por parte del Gobierno de España de que los mecanismos y las autoridades judiciales en nuestro país están supeditadas a intereses políticos, a coyunturas parlamentarias y la falsa aceptación de que actúan sin la objetividad necesaria en una nación occidental desarrollada.
Hasta cierto punto, el debate sobre la viabilidad de la amnistía es esteril. El sanchismo, impregnado en la mente de voceros mediáticos -que no periodistas- y presente con mayoría en el Tribunal Constitucional, puede permitirse la aprobación de la ley sin tener miedo a una posterior declaración de inconstitucionalidad. Es triste, pero cierto. Juristas afirmando que todo aquello que emana del Parlamento con mayoría absoluta es constitucional o defendiendo la idea de que todo lo que no está prohibido expresamente está permitido para el Estado. Ambos argumentos impactan directamente en la propia columna vertebral de la democracia liberal: el Parlamento no tiene potestad absoluta y el Estado hace lo que tiene permitido hacer.
España es hoy una democracia en peligro, rehén de sus propios gobernantes y esclava de un pasado de abandono a la mayoría patriota silenciada en Cataluña. Habrá amnistía, es inevitable. En nuestras manos está evitar un referéndum que hoy niegan pero que en menos de lo que creen estarán firmando complacientes.
Alberto García Chaparro
