Se dice que la historia considera vencedores a aquellos que logran dominar el relato. A aquellos que consiguen imponer su perspectiva de los hechos ya sea por medios coactivos o por otros medios. En el caso de España, el independentismo impone su visión mediante la ley electoral, que les asegura a las formaciones políticas independentistas una sobrerrepresentación tal que resulta prácticamente imposible que el Gobierno de la Nación se conforme sin su respaldo en el Congreso de los Diputados. Y legislatura tras legislatura, y a cambio de sus votos, nos van imponiendo su narrativa puramente partidista a todos los españoles. Y algo peor es que lo hacen hablando en nombre de todos los catalanes, como si los catalanes que no concordamos con ellos y que también tenemos representación en las instituciones políticas no existiéramos o no contáramos.
La Constitución española de 1978 tiene una característica que la diferencia de otros textos fundamentales europeos como el de Alemania: no establece un régimen militante. Esto significa que en nuestra democracia caben todos los colores políticos e ideologías (incluso antidemocráticas), incluidos aquellos partidos tachados de ultras y los independentistas, con el único límite de que no coarten por sus acciones otras libertades y derechos. La Constitución reconoce, incluso a las formaciones que se oponen de algún modo al propio texto constitucional, el derecho a participar en política para garantizar el pleno pluralismo político en España, algo que yo considero muy positivo. Y lo considero así porque entonces nadie puede decir que la Constitución le oprime o le deja fuera del juego político, algo que las formaciones independentistas no se han cansado de repetir una y otra vez. Pero esto, como tantas otras cosas que dicen o hacen, es puro teatro. La cuestión de fondo es que la vía que han utilizado para imponer sus pretensiones políticas se opone a la legalidad, aquí y en cualquier otro país en que rija un Estado de Derecho comparable al español. Sus aspiraciones no son ilegales, es ilegal la forma en que han intentado implementarlas, algo que hasta ellos mismos probablemente reconozcan en el ámbito privado.
Reflexionaba un día un buen amigo mío que el nacionalismo tiene como característica principal sumar a la gente en una ensoñación interesada. Los líderes políticos independentistas alimentan una realidad propicia a sus intereses partidistas y actualmente, la composición del parlamento les otorga un poder sin precedentes para hacerle reconocer al Estado dicha realidad, algo que no había ocurrido nunca antes en nuestra historia democrática. La amnistía que se cocina (y que si Pedro Sánchez se sigue empeñando en volver a ser presidente del Gobierno casi seguro que se acabará aprobando) significa en primer lugar que existe un conflicto político entre el Estado y Cataluña, asumiendo que todos aquellos catalanes que no somos independentistas y que hemos sufrido un “procés” marcado por la inestabilidad, la agitación social y la malversación del dinero de todos, no somos parte del Pueblo catalán. En segundo lugar, que el Estado se ha equivocado y ha actuado mal procesando a los líderes independentistas, quienes, debe decirse, no han sido procesados por su condición de representantes públicos con una determinada ideología, sino por delitos contemplados en la ley. Y en tercer lugar, que debe establecerse un equilibrio de culpas para garantizar la convivencia pacífica, o en otras palabras, que la convivencia, que el derecho de todos los catalanes (independentistas y no independentistas) a vivir en paz en su tierra tiene un precio: que el Estado se arrodille y acepte que los nacionalistas impongan su relato.
Somos mayoría los catalanes y los españoles que no queremos que Pedro Sánchez ceda el relato a los independentistas con tal de ser investido presidente porque la legislatura dura cuatro años (en el mejor de los casos) pero las consecuencias de caer en esta ensoñación ahora se extenderán por mucho más tiempo, ya que nadie puede pensar honestamente que el independentismo no continuará intentando lo que no puede lograr a su manera. Ni Pedro Sánchez está en la posición de Adolfo Suárez, ni los secesionistas catalanes, por mucho que se empeñen con esa idea, son los amnistiados en 1977 por delitos políticos.
Martín Garrido Pérez
