Considera disparatadas las 21 propuestas de Torra.
Tras conocer el documento presentado por el Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, para abrir una negociación entre la Generalitat y el Gobierno español, Impulso Ciudadano y S’Ha Acabat creen pertinente hacer las siguientes consideraciones sobre el mismo:
PRIMERA.- La lectura del texto causa una profunda desazón por su fanatismo y ausencia de sentido de la realidad. El documento es el reflejo de la visión nacionalista de Cataluña. Una visión incompatible con la configuración constitucional del Estado y ajena al sentir de la mayoría de la población catalana, que ha rechazado reiteradamente en las convocatorias electorales la propuesta secesionista.
Resulta indigno que una autoridad constitucional española plantee como instrumento de negociación un ataque frontal al marco de convivencia diseñado por la Constitución, la marginación de más de la mitad de la población de Cataluña y pretenda convertir en internacional una cuestión meramente interna. Para una correcta interpretación, hemos preparado la guía que adjuntamos para entender el documento de las 21 propuestas de Torra.
SEGUNDA.- El documento debe ser rechazado de plano por el Gobierno de España y las fuerzas constitucionalistas y cualquier negociación entre los distintos Gobiernos o fuerzas políticas no puede franquear las líneas rojas que suponen el respeto a la legalidad constitucional y la defensa de todos los españoles, también los de los catalanes no nacionalistas.
Por ello, desde Impulso Ciudadano y S’Ha Acabat
CONVOCAMOS a la ciudadanía una concentración de apoyo a la Constitución española que se celebrará frente a la Delegación del Gobierno de España en la calle Mallorca en Barcelona el próximo domingo a las 12:00 con el lema “Catalanes con la España constitucional”; y
SOLICITAMOS al Gobierno de España que no caiga en las trampas que el separatismo teje y se muestre firme en la defensa de los intereses generales de todos los españoles.
En Barcelona, a seis de febrero de dos mil diecinueve.
Impulso Ciudadano
S’ha Acabat!
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LAS DISPARATADAS 21 PROPUESTAS DE TORRA
El Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha presentado al Gobierno español un documento de 21 propuestas para abrir una negociación entre la Generalitat y el Gobierno español. Desde Impulso Ciudadano consideramos que el documento es inaceptable como instrumento de trabajo y por ello pedimos que no sea tenido en cuenta ni siquiera como punto de partida por el Gobierno de España y las fuerzas constitucionalistas
El documento parte de unas premisas que luego se traducen en las 21 propuestas concretas.
Las premisas son las siguientes:
– Exigencia de una respuesta democrática para Cataluña.
– Regeneración democrática.
– Desfranquización de España.
La exigencia de una “respuesta democrática para Cataluña” incluye el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la afirmación de que Cataluña es una entidad soberana. Esta pretensión choca frontalmente con el reconocimiento del pueblo español como soberano y con la configuración de Cataluña como una Comunidad Autónoma dentro de España, con autonomía política, pero sin que pueda arrogarse una soberanía que corresponde al conjunto de los españoles.
La apelación a la regeneración democrática en España tiene como único objetivo servir de coartada para justificar sus demandas de secesión. La falta de calidad democrática en España es un mito nacionalista completamente falso. España es una democracia plena de acuerdo con los estándares internacionales. Así es reconocida por las diferentes organizaciones internacionales y participa plenamente en los mecanismos internacionales de garantía de los derechos humanos, siendo uno de los países que menos condenas recibe por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Resulta especialmente cínico que Joaquim Torra pretenda convertirse en adalid de la “desfranquización de España”. El fantasma de una dictadura que duró 39 años (1936-1975) y a la que se puso fin hace 43, en 1976 con la ley de reforma política, es otro elemento de propaganda nacionalista que pretende poner una mácula en un país plenamente democrático como es España. Nadie en España con menos de 50 años tiene recuerdos significativos del franquismo y pretender que sea un elemento identificador de la España actual es, cuanto menos, injusto y venenoso.
Lo anterior no impide que sea legítimo que las fuerzas políticas debatan sobre la Memoria Histórica, la pervivencia de simbología franquista u otras cuestiones relacionadas con estos temas. Lo demagógico es que el Sr. Torra pretenda abordar estos temas en el marco de negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España. Además carece de legitimidad para dar lecciones de moralidad sobre la etapa negra que supuso el franquismo quien, como el Sr. Torra, alabó públicamente a quienes habían fundado “Estat Català” en los años 30, un movimiento con claras conexiones con el fascismo, el racismo y el supremacismo. Mejor haría el Sr. Torra en defender la desfascización del catalanismo en vez de agitar el fantasma de una pretendida España franquista ahora ya superada.
En definitiva, el documento presentado por Joaquim Torra se encuentra fuera del marco competencial de la Generalitat, se basa en presupuestos contrarios a principios constitucionales básicos, pretende una internacionalización del conflicto en Cataluña que dañaría gravemente los intereses generales de España y parte de una visión unilateral y falsa que pretende en España unos déficits democráticos que no existen y pasa por alto las vulneraciones y limitaciones de derechos de las que son autores los nacionalistas y que padecen muchos catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas.
Ante un documento como éste la única respuesta es el rechazo, la unidad entre los constitucionalistas en defensa de nuestro marco de convivencia y los derechos de todos los españoles y, especialmente, los de los catalanes víctimas del nacionalismo que representa el Sr. Torra.
El despropósito que suponen los presupuestos que sirven de base a los “21 puntos” planteados se proyecta sobre estos, tal como veremos a continuación:
1- No se puede gobernar contra Cataluña.
Imaginamos que aquí lo que se quiere decir es que el Gobierno español debe atender a las pretensiones de los nacionalistas catalanes, identificando, como hacen siempre, a Cataluña con los nacionalistas. Es necesario recordar que Cataluña es mucho más que los nacionalistas, que son muchos los catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas y que lo que desean es ser reconocidos como actores imprescindibles para la resolución del conflicto EN Cataluña (y no CON Cataluña).
2- Es necesario reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Cataluña no es una entidad que goce del derecho de secesión (que es lo que los nacionalistas entienden por autodeterminación). No existe ese derecho ni desde la perspectiva del Derecho internacional ni desde la del Derecho interno español, que garantiza la indisolubilidad del Estado y la soberanía del conjunto de los españoles, no de una parte de ellos.
3- Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad.
La pretensión nacionalista de convertir el conflicto en Cataluña en un conflicto internacional se vería satisfecha si el gobierno español acepta una mediación que situaría a la Generalitat en el mismo plano que el Gobierno español. Resulta absolutamente inadmisible esta pretensión que contradice los principios más básicos de nuestra organización constitucional. La Generalitat es una institución constitucional y la comunicación con el resto de instituciones constitucionales tiene que articularse a través de los mecanismos existentes, previstos y regulados en la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y demás normativa relevante.
4- La soberanía de las instituciones catalanas ha de ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155.
Las instituciones catalanas no son soberanas. En el año 2017 se aplicó el artículo 155 precisamente para restaurar los derechos de todos los catalanes, vulnerados por las actuaciones desarrolladas a partir de la aprobación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y de la Ley de Transitoriedad Jurídica, normas que limitaban los derechos de todos los catalanes, derogaban la Constitución, introducían la seguridad jurídica y prefiguraban un sistema político sin la adecuada separación de poderes. Los nacionalistas deben rendir cuentas por su intento de quitar a los catalanes y al conjunto de los españoles los derechos de los que son titulares.
5- Se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña.
No sabemos a qué abusos se refiere el documento; pero es claro que en España los tribunales investigan todas las vulneraciones de derechos o legales de las que tienen conocimiento. En la actualidad, por ejemplo, se investiga judicialmente si hubo abusos en la actuación de algunos policías el día 1 de octubre de 2017. El carácter escrupulosamente democrático de las instituciones española es la mejor garantía para todos los españoles, incluidos, por supuesto, todos los catalanes.
6- La vía judicial ha de quedar atrás.
Los nacionalistas han pretendido siempre estar libres del cumplimiento de la ley que todos no obliga. Esto no es así. Si se han cometido actuaciones ilícitas o delictivas éstas han de ser investigadas como lo están siendo. Por otra parte, el Gobierno carece de capacidad para condicionar la actuación de los tribunales. La pretensión que recoge este documento de una injerencia del poder ejecutivo en el judicial es profundamente antidemocrática.
7- Hace falta impulsar un compromiso por la ética política.
Sin duda, algo en lo que todos estaremos de acuerdo.
8- Se ha de garantizar la separación de poderes.
La separación de poderes en España está garantizada, tal como reconocen todos los estándares internacionales. Es más, España ha dado recientemente un ejemplo difícilmente identificable en cualquier otro país: el partido en el gobierno fue condenado judicialmente y los tribunales consideraron poco creíble el testimonio prestado por el presidente del gobierno en activo. Pretender que en España no hay separación de poderes carece absolutamente de base.
9- Es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales.
La limitación de derechos fundamentales que se vive actualmente en España es la protagonizada por los gobiernos nacionalistas en la Generalitat y muchas administraciones locales catalanas. Así, existen ya decisiones judiciales que declaran que en las universidades catalanas se ha vulnerado el derecho de estudiantes constitucionalistas a no ser discriminados por razón de pensamiento, a la libertad de expresión y a su derecho a la enseñanza. La libertad ideológica de los ciudadanos quiebra por la presencia de simbología nacionalista en edificios públicos y el derecho a la enseñanza es limitado por el adoctrinamiento, el incumplimiento de las decisiones judiciales que establecen una presencia mínima del castellano en la educación y el acoso a las familias que piden el cumplimiento de la ley.
Sería conveniente, sí, poner fin a estas limitaciones de derechos fundamentales.
10- Se ha de revertir el retroceso de la calidad democrática en España.
Ciertamente existe un riesgo para la democracia en España, pero ese riesgo, precisamente, es la actitud contraria a la ley y limitativa de los derechos de los ciudadanos como consecuencia de las políticas nacionalistas en Cataluña.
11- Es necesario frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo.
Los principales responsables de este deterioro son los nacionalistas y su campaña de desprestigio hacia España. Efectivamente, hay que evitar ese deterioro, precisamente impidiendo que recursos públicos sean empleados para denigrar la imagen de España y de los españoles.
12- Se tiene que poner fin a la complicidad de los cuerpos judiciales y el aparato judicial con la extrema derecha.
Se da por sentada una complicidad de la que se carecen de indicios. De nuevo se trata de desprestigiar gratuitamente la imagen de España. Ahora bien, en cuanto a utilización política de la policía el ejemplo más sangrante y reciente ha sido precisamente la instrumentalización de los Mossos d’Esquadra para que apoyaran el intento de secesión de septiembre y octubre de 2017. Debería preocuparnos a todos poner los medios para que esa situación no se repitiera.
13- Es necesario garantizar la independencia judicial.
Véase la observación al punto 8.
14- Es necesario asegurar el respeto a los Derechos Humanos.
Los derechos humanos son respetados en España. La prueba está en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisa la actuación de autoridades y tribunales españoles y su juicio es mucho más positivo que el que corresponde a otros países europeos. Todo se puede y se ha de mejorar; pero pretender que existe un déficit en España en lo que se refiere a este punto incurre de nuevo en la pretensión de estigmatizar gratuitamente a España.
15- La sombra e influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España.
Ya hemos visto que la pretensión de que la presencia del franquismo es significativa en la España actual carece de fundamento; pero, en cualquier caso, no es el gobierno de la Generalitat el legitimado para exigir actuaciones en este sentido, al menos mientras lo presida quien ha defendido a personas vinculadas con los movimientos totalitarios de la Europa de entreguerras.
16- La indolencia con el fascismo, la impunidad de las actitudes fascistas tiene relación directa con la impunidad de los crímenes del franquismo.
Habría que aclarar a qué se refiere con indolencia con el fascismo. En Cataluña se vive el acoso a los constitucionalistas, su estigmatización y su ostracismo con la complicidad de un gobierno de la Generalitat que apoya actitudes violentas (CDR). Efectivamente, nos debería preocupar cómo crecen actitudes fascistas entre el nacionalismo que quizás no tienen todavía la adecuada respuesta legal y judicial.
17- Se tienen que denunciar y aislar los grupos neofascistas.
Completamente de acuerdo, entre ellos aquellos que utilizan tácticas totalitarias y violentas en apoyo del nacionalismo y de la secesión.
18- Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo.
Habrá que aclarar a qué privilegios se refiere. Se nos escapa cuáles han de ser estos.
19- Es necesario iniciar un proceso de desfranquización y un debate sobre la monarquía.
Ya nos hemos referido a la pretendida necesidad de desfranquización de España. Sobre el debate en relación a la monarquía hay que decir que en las sociedades abiertas y democráticas el debate sobre todas las cuestiones es permanente, y España no es una excepción. El tema de la monarquía, su función y papel es uno más de los temas del debate político español y, por cierto, la aprobación de la gestión del actual monarca es mayor, según las encuestas, que la que reciben muchos actores políticos.
20- La nulidad de los juicios franquistas es un paso imprescindible de memoria histórica.
Ya se ha indicado que éste es un debate abierto en la sociedad española, pero que carece de sentido en el marco de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España.
21- Se ha de hacer efectiva una política de fosas comunes.
Nos remitimos a la observación en relación al punto 20.
En definitiva, el documento presentado por Joaquim Torra se encuentra fuera del marco competencial de la Generalitat, se basa en presupuestos contrarios a principios constitucionales básicos, pretende una internacionalización del conflicto en Cataluña que dañaría gravemente los intereses generales de España y parte de una visión unilateral y falsa que pretende en España unos déficits democráticos que no existen y pasa por alto las vulneraciones y limitaciones de derechos de las que son autores los nacionalistas y que padecen muchos catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas.
Ante un documento como éste la única respuesta es el rechazo, la unidad entre los constitucionalistas en defensa de nuestro marco de convivencia y los derechos de todos los españoles y, especialmente, los de los catalanes víctimas del nacionalismo que representa el Sr. Torra.
