El cambio de voto del obrero español: una izquierda rancia, vacía y parasitaria que dejó de representar al trabajado
Por Carlos Caballero
La izquierda española lleva años preguntándose por qué los trabajadores ya no votan como antes. La respuesta es mucho más sencilla de lo que quieren admitir: mientras ellos hablan de ideología y confrontar a un supuesto falso “nazismo” que hay en las instituciones españolas, el trabajador habla de vivienda, impuestos, salarios, familia, seguridad y futuro. Y cuando una parte de la izquierda deja de hablar de esas cosas, deja también de entender quiénes viven esos problemas.
Ese es, precisamente, el problema que la izquierda no entiende y que nunca va a llegar a comprender del todo. En su cabeza, ellos son los buenos. Y todavía no entienden por qué hay personas que piensan de otra manera. No comprenden, desde sus chalets de La Moraleja, de El Pardo o de Galapagar, por qué hay curritos de clase media, vecinos de barrios humildes, que sienten que están siendo sustituidos por personas que vienen de otros países y que ven como la inseguridad ha aumentado en sus barrios. Y no entienden por qué eso no les gusta.
¿Tan difícil es comprender por qué un albañil que se levanta a las seis de la mañana y trabaja hasta las ocho de la tarde quiere volver tranquilamente a su casa? ¿Tan difícil es entender que ese hombre siente que su barrio ya no se parece al barrio en el que ha vivido toda su vida, que los comercios locales de siempre están siendo sustituidos por negocios que vienen de otros países, que sus calles han cambiado y que cada vez encuentra a más personas que no son españolas, que tenga la sensación de que una gran parte, cada vez mayor, de sus impuestos se destina a gasto superfluo que el trabajador no ve en qué le beneficia en su día a día?
Se sienten extranjeros en sus propias ciudades. ¿De verdad es tan difícil entender que esa gente se cabree? ¿Que no se sientan representados? ¿Que las personas que cobran 1.200 euros al mes y tienen dificultades para llegar a final de mes mientras mantienen a su familia se indignen cuando ven que una parte de lo que les quitan de la nómina en impuestos para financiar sanidad y la educación no se traduce, cuando necesitan atención primaria o un buen colegio para sus hijos, en unos servicios públicos de calidad? Mientras, miran estupefactos cómo las adjudicaciones públicas van para los de fuera y cómo se prioriza a los recién llegados antes que a ellos, que llevan años levantando este país. Para eso sus impuestos funcionan muy bien.
Ese obrero no tiene por qué saber de política. Lleva toda su vida trabajando para sacar adelante a su familia y construyendo este país. Con el horario que tiene, después de una dura jornada laboral, quizá no tenga tiempo para llegar a casa y ponerse a estudiar política, analizar las noticias exhaustivamente o seguir todos los debates ideológicos del momento.
Pero sí ve lo que ocurre a su alrededor. Ve cómo su hija tiene que llevar un spray de pimienta en el bolso para volver a casa después de la universidad ya que estudia historia en la facultad del Raval de la Universidad de Barcelona. Ve cómo el barrio que conocía y en el que ha criado a su familia ya no es el mismo barrio familiar y tranquilo de antes y se ha convertido en un gueto islámico y en un foco de inseguridad.
Porque, claro, los comunistas de salón y el equipo mediático woke de opinión sincronizada no sufren esos problemas. Pero la mayoría de la población sí los sufre o, al menos, percibe que los sufre. Porque Ignacio Escolar no vive en Lavapiés, Ada Colau no vive en el Raval, Alberto Garzón no vive en Vallecas, Jair Domínguez no vive en La Florida, Jesús Cintora no vive en San Cristóbal de los Ángeles, Àngels Barceló no vive en La Torrassa y Javier Ruiz no vive ni en Ciudad Lineal ni en Carabanchel Alto.
Esta gente no vive en los barrios en los que se concentran buena parte de estos problemas de inseguridad, deterioro y transformación social. Y, claro, si no vives lo que está ocurriendo, es mucho más difícil comprender por qué determinadas personas votan lo que votan. En lugar de intentar entenderlo, se les trata de «fachapobres», se les insulta, se les demoniza, se les señala y se les dice que no tienen conciencia de clase o que están alienados.
¿De verdad alguien espera que un currito de un barrio humilde de Madrid, Valencia, Ceuta, Murcia, Barcelona o de cualquier otra ciudad española considere prioritario que con sus impuestos se financien semáforos y pasos de peatones con la bandera LGTB, manifiestos ideológicos vacíos, campañas sobre lenguaje inclusivo, discursos queer, restricciones del fanatismo climático que afectan al vehículo que necesita para ir a trabajar, campañas institucionales que le dicen que está reciclando mal o que está contaminando el planeta, debates sobre patriarcado, apropiación cultural decolonial, deconstrucción sexual o interseccionalidad positivista?
Mientras, esa persona está preocupada por otras cosas: no llegar a fin de mes, los impuestos abusivos, no saber si podrá pagar el recibo del mes siguiente, el precio de la vivienda, que sus hijos no pueden independizarse porque la vivienda se ha convertido en un lujo, un alquiler precario que no deja de subir, el precio de la energía, de los alimentos y de la gasolina, las horas extras que tiene que hacer, el futuro de sus hijos, el colapso sanitario, si tendrán una pensión garantizada…
Y también se pregunta qué recibe a cambio de todos los impuestos que paga y años de duro trabajo. Cuando le tienen que operar o se pone enfermo y va al hospital, ve las listas de espera. Cuando acude a atención primaria, encuentra centros saturados y urgencias colapsadas. Ve cómo cada vez tiene más dificultades para acceder a determinados servicios públicos. Si tiene una pequeña empresa familiar y utiliza su furgoneta para poder trabajar, tampoco entiende determinadas restricciones. No puede aparcar y tiene limitaciones para circular por el centro de su ciudad entre semana, recibe sanciones por utilizar el vehículo que necesita para ganarse la vida…
Y tampoco entiende que, mientras él cumple con todas las normas, ve cómo en el piso de enfrente hay un okupa al que la policía no puede echar. Le preocupa también la transformación profunda de su barrio debido a una inmigración que no siempre ha venido a integrarse. Y cuando necesita acceder a una ayuda social, personas recién llegadas tienen prioridad sobre él, después de toda una vida trabajando y pagando impuestos por y para el Estado de Bienestar. Un gran hito, a mi juicio, el del Estado de Bienestar de las democracias liberales europeas, pero bienestar primero para los de casa, claro.
Como respuesta a todo esto, la izquierda se limita a berrear y llevarse las manos a la cabeza, y se pregunta cómo puede ser que esta gente no se sienta representada por su discurso. Pero la respuesta es bastante sencilla. ¿Cómo van a sentirse representados si quienes dicen hablar en su nombre están más preocupados por determinadas cuestiones ideológicas que por las preocupaciones materiales que tienen delante y a las que se enfrentan todos los días?
Durante muchos años, la izquierda ha instrumentalizado y utilizado un discurso obrero y de clase. Pero esos tiempos han cambiado. Y el trabajador que pisa la calle sabe perfectamente cuáles son sus problemas y cuáles son sus prioridades.
Y precisamente por eso debemos hacernos una segunda pregunta: ¿por qué hay personas tienden a identificarse con posiciones de izquierda? ¿Y por qué es tan habitual encontrar esas inclinaciones en determinados ámbitos universitarios y culturales, como Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, o entre personas vinculadas al arte, el cine, la literatura o la música?
Una de las posibles explicaciones tiene que ver con una cuestión material. Muchas de estas carreras tienen una demanda laboral más limitada que otras titulaciones. Y eso puede generar frustración cuando una persona que se considera un gran intelectual, que ha estudiado en una universidad prestigiosa y que ha leído a muchos autores y dedicado años a su formación, comprueba que un limpiador, un albañil, un carnicero, un verdulero o cualquier otro trabajador de un oficio práctico puede terminar ganando y generando más dinero que él.
Y si, además, esa persona se ha formado en una facultad profundamente politizada, ideologizada y marcada por el sectarismo de izquierdas, puede acabar interpretando que el problema no está en sus propias expectativas, en la elección de sus estudios o en las dinámicas laborales, sino en el propio mercado. En este punto el mercado pasa a considerarse injusto y surge la necesidad de que la sociedad, a través del Estado, reconozca ese valor que el mercado no parece conceder.
Y ahí aparece la redistribución.
El Estado interviene y redistribuye recursos superfluos, quitándole al albañil y al verdulero una parte del fruto de su trabajo mediante impuestos excesivos. Los impuestos son necesarios para sostener los servicios públicos y garantizar el funcionamiento del Estado, pero deben tener un límite razonable y guardar una relación proporcional con aquello que el ciudadano recibe a cambio. Porque, en última instancia, el sentido de los impuestos no debería ser simplemente recaudar, sino devolver al ciudadano, en forma de servicios públicos de calidad, una parte de aquello que aporta. Pero es que claro, en la España de ahora los semáforos con la bandera LGTB, las campañas institucionales sobre el clima y los cursos sobre deconstrucción masculina y lenguaje no binario no se pagan solos.
Desde determinadas posiciones de izquierdas, estos obreros son vistos como pobres incultos que se limitan a pintar paredes, arreglar grifos o vender carne y frutas. Son catetos analfabetos que nunca han leído a Karl Marx, que no están dando una lucha de clases y que, además, están oprimidos sin siquiera darse cuenta. Pero yo, que sí soy capaz de comprender que están oprimidos, voy a pedir al Estado que les quite el fruto de su trabajo para pagarme a mí y, al mismo tiempo, explicarles que son víctimas del capital. Es decir, se les convierte en víctimas inconscientes de una opresión que la izquierda asegura comprender mejor que ellos mismos, desde su «púlpito intelectual» y en nombre de su supuesta «obligación moral de izquierdas». Mientras tanto, el carnicero y el frutero pagan impuestos para financiar todo este entramado.
Aquí es cuando encontramos directores generales de Igualdad, concejales de Feminismo, técnicos de políticas LGTBI, agentes de igualdad y no-binarismo, sindicalistas que solo han vivido de lo público, asesores de género, responsables de memoria histórica o comisiones de diversidad, todos ellos integrados, directa o indirectamente, en estructuras financiadas con recursos públicos de la Administración.
Por lo tanto, existe también una cuestión puramente material: estas personas terminan dependiendo del Estado y de los recursos públicos para desarrollar su actividad profesional. El Estado se convierte en su principal empleador o en la fuente de financiación de la que depende su puesto de trabajo.
Su modo de vida queda así estrechamente vinculado a lo público.
Y entonces: sin «papá Estado», ¿quién los mantendrá?
