Es hora de que los jóvenes dejemos de callar ante la gran estafa silenciosa
que supone el sistema de pensiones en España. Durante demasiado tiempo se ha
evitado un debate serio, como si cuestionar este modelo fuera un sacrilegio. Pero la
realidad es contundente: el sistema actual está quebrado y su peso recae de forma
asfixiante sobre los hombros de los trabajadores activos y lo será aún más para los
jóvenes.
No se trata de un mero problema coyuntural, sino estructural. El modelo fue
concebido en una época en la que la gente vivía menos años y había muchos más
trabajadores que jubilados. Hoy ocurre justo lo contrario: España es uno de los
países más longevos del mundo y, al mismo tiempo, sufre un desplome de la
natalidad. Esto hace inviable un esquema basado en que los cotizantes de hoy
Financien las pensiones de los jubilados actuales.
Las cifras no dejan lugar a dudas. Cada mes se destinan más de 12.600
millones de euros a pagar pensiones, lo que supone casi la mitad del gasto público
anual. Mientras tanto, los jóvenes vemos cómo nuestro poder adquisitivo se
erosiona año tras año. Desde 2008, los menores de 35 han perdido más de un 12%
de poder de compra, mientras que los mayores de 65 han ganado más de un 10%.
Y los últimos datos son todavía más sangrantes: desde la Gran Recesión, la renta
de los jóvenes ha caído un 3%, mientras que la de los jubilados ha subido un 18%.
La pensión media ha crecido un 28,6%, mientras que el salario medio se ha
reducido un 2,3%.
La brecha generacional se amplía y condena a la juventud a un
futuro de precariedad, con el paro juvenil liderando los rankings de Europa según el
Eurostat. Además, hace unas semanas, la Ministra de Seguridad Social anunció que
las pensiones aumentarán un 3,8% para las contributivas y un 6,9% para las no
contributivas.
La diferencia esencial entre ambas es que las contributivas se
otorgan a quienes han estado cotizando durante su vida laboral, mientras que las
no contributivas se destinan a quienes no han hecho esas aportaciones.
Y lo más preocupante está aún por venir: solo el 40% de la generación del
baby boom se ha jubilado. Cuando lo haga el 60% restante, simplemente no habrá
recursos suficientes. Las cuentas no salen, y todos somos conscientes de ello. Sin
embargo, se prefiere guardar silencio, porque reconocer la verdad supondría admitir
que el Estado del bienestar, tal como lo hemos conocido, se sostiene sobre una ficción.
Este sistema no es ahorro ni justicia social: es un esquema piramidal
legalizado. Lo que aportamos hoy no va a nuestro futuro, sino a cubrir las
pensiones actuales, con la vaga promesa de que mañana otros harán lo mismo por
nosotros. Esa es exactamente la definición de un esquema fraudulento. Si este
sistema piramidal fraudulento lo hiciera un particular o una empresa, acabaría en
prisión, como le ocurrió a Bernard Madoff en Estados Unidos. Pero cuando lo hace
el Estado, se presenta como “solidaridad intergeneracional”.
La consecuencia es clara: los jóvenes pagamos dos veces. Pagamos hoy, vía
impuestos y cotizaciones, para mantener un sistema insostenible, y al mismo
tiempo tenemos que ahorrar por nuestra cuenta porque sabemos que cuando
llegue nuestro turno, ese castillo de naipes se habrá derrumbado. Es un saqueo
disfrazado de derecho social.
Ahora bien, esto no se trata de castigar a los pensionistas. Pero el sistema de
pensiones en España no es sostenible a largo plazo y esto debe cambiar.
Reconocemos que los pensionistas fueron quienes levantaron el país con décadas
de trabajo y sacrificio. Lo que pedimos es justicia social real: proteger a quienes ya
trabajaron duro, pero sin condenar a los jóvenes a sostener un sistema deficitario y
estafador que amenaza con llevarse por delante nuestro futuro.
Por eso, el discurso oficial que promete mantener intacto este modelo no es
solo populista, sino cruel con las nuevas generaciones. La cuestión es clara:
necesitamos una reforma profunda del sistema de pensiones. Esto implica recortar
el gasto actual y avanzar hacia un modelo mixto, donde el Estado garantice una
parte básica y el resto dependa de un sistema de capitalización individual. Así, cada
persona recibiría en función de lo que ha aportado y asumiría la responsabilidad de
su jubilación. El problema es que en España predomina una mentalidad paternalista
que rechaza la idea de que cada uno deba preocuparse por su propia pensión.
Se prefiere depender de “papá Estado” antes que ahorrar con el fruto del propio
esfuerzo.
Por eso, además de reformar las pensiones, es imprescindible reducir
impuestos, eliminar gastos superfluos y frenar la deuda pública, que hoy se utiliza
para tapar los agujeros del sistema. Solo un modelo mixto, implantado cuanto
antes, permitirá que los trabajadores actuales —incluida la generación del baby
boom— puedan planificar su futuro con seguridad.
Lo que vivimos no es solidaridad, es expolio. Mientras se celebra el anuncio
de subidas en las pensiones, los jóvenes cargamos con más impuestos, más deuda
y menos oportunidades. Este modelo no solo es injusto: es insostenible, y su
continuidad nos condena a una pobreza estructural.
El tabú debe romperse de una vez. Porque lo que se vende como el “gran
pilar” del Estado del bienestar es, en realidad, la mayor estafa intergeneracional de
nuestra historia.
