Un problema que afecta a los jóvenes y al futuro de la nación.
Carlos Caballero https://x.com/carloscabaa_
La crisis de la vivienda en España es un problema que nos atañe a todos.
Hemos pasado de ser un país de propietarios a uno de jóvenes que no salen de
casa de sus padres hasta los 30. No es cierto esta idea que la izquierda intenta
popularizar sobre que la culpa es de los especuladores y de las familias que lo
único que quieren es lucrarse. Alrededor del 75% son ciudadanos de clase media
que han comprado una vivienda para complementar sus ingresos. Muchas veces se
trata de familias que necesitan ese dinero para gastos como la educación de sus
hijos o el cuidado de familiares, o que simplemente poseen una segunda vivienda
en la playa y la alquilan de tanto en tanto.
El verdadero desafío del mercado inmobiliario está en la distribución
geográfica de la oferta y la demanda. En la mayoría de ciudades españolas, los
alquileres son asequibles, salvo en grandes capitales como Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga o Valencia, donde los precios se disparan por la alta demanda y la
escasez de nuevas construcciones en la ciudad. La mayoría de los edificios en los
centros son antiguos y no hay espacio suficiente para edificar nuevos, mientras que
la población sigue concentrándose en estas áreas. Como resultado, los precios
suben inevitablemente. Intentar regular los alquileres en estas zonas puede ser
contraproducente: muchos propietarios optarían por alquileres vacacionales más
lucrativos, como Airbnb, en lugar de ceder ante límites de precio.
Las soluciones políticas actuales suelen ser insuficientes y ello condena a los
jóvenes a no poder independizarse y crear una familia. Por eso, la solución real es
descongestionar los núcleos urbanos. Es necesario crear alternativas atractivas
fuera del centro. En Madrid, por ejemplo, mejorar infraestructuras, transporte
eficiente, servicios y oportunidades laborales en localidades cercanas, como
Majadahonda, Guadalajara, Móstoles o Getafe y aprovechar los pueblos y ciudades
con baja densidad de población y gran potencial para urbanizar. Hecho que
permitiría que muchas personas vivan fuera del centro sin renunciar a la cercanía
con la capital.
Además, revitalizar las zonas periféricas, con nuevos servicios, centros
educativos, oficinas y comercios, ayudaría a redistribuir la población y aliviar la
saturación de los centros urbanos. Madrid ya se acerca a un punto de saturación
similar al de Barcelona, y este fenómeno no es exclusivo de la capital: varias
grandes ciudades concentran la mayoría de la población mientras que gran parte
del país permanece vacía, elevando de manera natural los precios en las zonas más
demandadas. Una descentralización efectiva permitiría equilibrar la oferta y la
demanda, haciendo más accesible la vivienda sin castigar a los propietarios que
dependen de esos ingresos.
Hemos de tener claro que hemos pasado de ser un país de propietarios a
uno de jóvenes sin casa. De las segundas viviendas a las “viviendas de segunda”.
De la vivienda protegida a la ocupación forzosa. De grúas a solares. De estabilidad
familiar a la generación caracol, que no puede echar raíces. En 2002, el 65% de los
jóvenes de 23 a 28 años eran propietarios; hoy, solo el 31%. La clase media baja,
antaño habitual, ha desaparecido: comprar una vivienda en ciudades como Madrid
o Barcelona exige más de 10 años de salario, frente a 3,5 años en los 90. Mientras
tanto, la propiedad se concentra en fortunas extranjeras y fondos, y 6 de cada 10
compras se hacen sin hipoteca.
La incapacidad de comprar ha generado burbujas en los alquileres. El
esfuerzo económico para pagar vivienda se ha disparado: del 25% de ingresos en
2002 a más del 40% hoy; en las grandes ciudades, supera el 60%. La mitad de los
inquilinos está en riesgo de exclusión social. Solo 15 de cada 100 jóvenes menores
de 35 años viven emancipados, y quienes comparten piso pagan lo mismo que
hace 10 años por un alquiler completo. Aparecen situaciones precarias: minipisos,
colivings, infravivienda… La falta de vivienda estable perjudica la autonomía, la
conciliación y la natalidad.
La falta de vivienda en España se debe a políticas restrictivas de suelo y a
una burocracia que encarece hasta un 30% el precio final, a intervenciones fallidas
en el mercado de alquiler que han reducido un 56% la oferta de larga duración, y al
abandono de la vivienda protegida, que hoy apenas alcanza las 10.000 unidades
anuales frente a más de 200.000 en los años 60. Al mismo tiempo, la demanda
crece: se crean 270.000 hogares al año frente a menos de 100.000 viviendas
nuevas, entra una media de tres millones de extranjeros en cinco años con mayor
capacidad de compra, la población se concentra en 4-5 grandes polos, los hogares
son cada vez más pequeños y la fiscalidad y las condiciones de financiación
dificultan el acceso a la propiedad. Todo ello ha dejado a jóvenes y clases
populares sin posibilidad de comprar, aumentando la presión sobre el alquiler y los
precios.
La solución pasa por aumentar el suelo disponible y la densidad urbana,
simplificar la burocracia y reducir impuestos, eliminar intervenciones en el mercado
de alquiler y perseguir la ocupación ilegal, incentivando el alquiler de larga duración
y asequible. Además, es necesario multiplicar la vivienda protegida mediante
colaboración público-privada y mayor presupuesto, priorizar a españoles en el
acceso a vivienda social, aplicar fiscalidad diferenciada para compradores y
grandes tenedores extranjeros y bonificaciones a nacionales, revitalizar pequeñas
ciudades y el mundo rural para descongestionar los núcleos urbanos, y facilitar la
compra mediante deducciones, bonificaciones, alquiler con opción a compra,
avales públicos y créditos blandos para jóvenes vinculados a la natalidad.
Asimismo, la idea ‘estrella’ de la izquierda de topar los precios del alquiler es
un error rotundo ya que es solo un parche temporal que no resuelve las causas
estructurales del problema. La intervención estatal distorsiona el mercado,
desincentiva a los propietarios y reduce la oferta, ya que muchos prefieren dejar
vacíos sus pisos, destinarlos a alquiler turístico o venderlos. Además, baja la
calidad del parque nacional de vivienda al eliminar incentivos para reformas y
mantenimiento. Esta medida beneficia a quienes ya están dentro del sistema,
mientras dificulta el acceso a nuevos inquilinos, generando un mercado negro,
subarriendos y desigualdad, especialmente para los jóvenes. Además, estas
políticas inútiles de la izquierda española ignoran problemas de fondo como la falta
de vivienda nueva, la rigidez urbanística, la burocracia y la inseguridad jurídica, que
son los factores que realmente limitan la oferta. Platón decía que ‘la justicia es dar a
cada uno lo que le corresponde’ (Platón, La República). Pues bien, las políticas de
izquierda que intentan controlar precios sin incentivar la construcción ignoran este
principio: no se trata solo de repartir, sino de crear las condiciones para que haya
suficiente vivienda para todos.
La experiencia internacional lo demuestra. Topar los precios del alquiler solo
ofrece alivio temporal y no soluciona las causas estructurales que elevan los precios
y limitan la oferta. En Berlín, el «Mietendeckel» de 2020 redujo drásticamente la
oferta y fue retirado al año siguiente. En Estocolmo, los topes generan esperas de
más de diez años para un piso regulado, beneficiando a quienes ya están dentro del
sistema y dejando fuera a los jóvenes sin vivienda. En París, el “Encadrement des
loyers” mantiene los topes desde hace décadas, pero los problemas crónicos de
vivienda persisten.
