La izquierda abertzale: 15 años desde el supuesto cese de la violencia, pero 49 años de cargos electos manchados de sangre. PARTE I.
De los años de plomo a los escaños del Congreso.
Por Hugo Escarpa
1977 fue el año en el que la izquierda «revolucionaria» vasca obtuvo representación por primera vez, bajo las siglas de Euskadiko Ezkerra, en las primeras elecciones generales democráticas.
Los principales impulsores de esta formación estaban estrechamente vinculados con la banda terrorista ETA. Tanto es así que Mario Onaindia, su secretario general, fue condenado a muerte en el Proceso de Burgos.
En 1985, esta coalición política dijo rechazar la violencia. Y lo pongo entre comillas porque sus declaraciones fueron las siguientes: «Tan condenable es la violencia de ETA como la práctica de la violencia por parte de aparatos policiales». En total, 207 guardias civiles, 150 policías nacionales, 97 militares, 25 policías municipales y 16 ertzainas fueron asesinados por la banda terrorista. Unos 300 ya lo habían sido cuando el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a la violencia y cuando EE pronunció esas declaraciones.
Este partido se integraría posteriormente en el Partido Socialista Obrero Español, dando lugar al PSE-EE. Mario Onaindia acabaría siendo vicepresidente de este último.
Un año después de la fundación de EE surgiría Herri Batasuna, mucho más conocida por todos nosotros y comúnmente denominada el brazo político de ETA. Pero esto no es casualidad: tiene mucho más trasfondo.
Y es que, a diferencia de Euskadiko Ezkerra, que intentó desvincularse públicamente de la violencia terrorista de la banda ETA, aunque ya sabemos cuál es la realidad de estas palabras vacías en el entorno abertzale, Herri Batasuna nunca lo hizo. Y jamás condenó un solo atentado perpetrado por los etarras.
Y es que, junto con su sucesora, Euskal Herritarrok, y Batasuna, el Tribunal Supremo, aplicando la Ley de Partidos, las ilegalizó por considerarlas parte directa de ETA.
Después de años de vaivenes y de pasar por un sinfín de nombres para tratar de hacerse con el control político de ese espacio revolucionario, llegó Sortu, que consiguió burlar, de alguna manera, la negligente Ley de Partidos, vigente aún a día de hoy, y fue desgraciadamente legalizado por el Tribunal Constitucional en 2012.
Hay nombres que hielan la sangre al escucharlos, sobre todo por el oscuro pasado que llevan a sus espaldas. Nombres de personas que causaron un inmenso dolor y que jamás han tratado de reparar todo el sufrimiento provocado ni de ocultar el orgullo por lo que fueron. Y algunos de ellos siguen ocupando cargos en las direcciones de EH Bildu y Sortu, en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco, en alcaldías de España y Francia y en numerosos ayuntamientos.
En las elecciones municipales y forales de 2023, EH Bildu, heredera política de Batasuna, tuvo a bien presentar a 44 candidatos condenados por delitos relacionados con ETA, siete de ellos por delitos de sangre, es decir, por su participación directa, colaboración o complicidad en asesinatos.
Y ahora, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, la coalición vuelve a incluir en sus listas a personas con antecedentes judiciales relacionados con el terrorismo: dos candidatos al Senado y una candidata al Congreso que ya había ocupado un escaño durante la legislatura anterior.
En las direcciones de EH Bildu y Sortu encontramos nombres como Arnaldo Otegi, David Pla, Elena Beloki, Pernando Barrena e Iker Casanova.
En las instituciones encontramos nuevamente a Pernando Barrena, actualmente eurodiputado; a Mertxe Aizpurua y Marije Fullaondo, diputadas del Congreso hasta la disolución de las Cortes; y a Iker Casanova, parlamentario vasco.
Mención aparte merece Mertxe Aizpurua, antigua directora del periódico Egin, desde cuyas páginas se señalaba a víctimas con nombres y apellidos.
Y esta presencia no se limita a las grandes instituciones. Entre las personas condenadas por delitos relacionados con ETA o su entorno encontramos alcaldes en Ondarroa, Ziortza-Bolibar y Otxandio, además de concejales en Azkoitia, Ormaiztegi, Segura, Busturia, Etxebarria, Barrundia, Ansoáin y Basaburua.
A todo ello se suman Marije Fullaondo, Floren Aoiz y Sonia Jacinto, incluidos en las candidaturas de EH Bildu para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Fullaondo vuelve a presentarse al Congreso por Bizkaia, mientras que Aoiz y Jacinto encabezan candidaturas al Senado por Navarra y Gipuzkoa.
Los nombres anteriormente mencionados han sido condenados por delitos de pertenencia e integración en organización terrorista, colaboración con ETA, apología del terrorismo y secuestro, entre otros.
Hablando de otra de las figuras del panorama batasuno actual, encontramos a Oskar Matute, un hombre que supuestamente condenó la violencia de ETA y se opuso frontalmente a su actividad, llegando incluso a participar en la vigilia de Ermua para exigir la liberación de Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, años después, en 2011, se integraría en Bildu. Pura incoherencia.
El claro ejemplo de «tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros». O, más bien, de «si peligra mi sillón, me integro en un partido controlado por un etarra que jamás ha condenado lo que yo viví».
Pero la historia de la izquierda abertzale no termina en sus siglas, en sus dirigentes ni en los antecedentes de quienes hoy ocupan cargos públicos. Hay otra parte de esta historia que resulta imprescindible analizar, porque para comprender cómo hemos llegado hasta aquí no basta con conocer el pasado de la izquierda abertzale. También hay que preguntarse qué ha cambiado en quienes antes se enfrentaban a ella.
